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ALAI AMLATINA, 25/11/2016.- En el
continente americano, desde los años noventa, los movimientos de
mujeres vienen
denunciando el carácter político de la violencia de género,
siendo ésta al
mismo tiempo resultado e instrumento del sistema de dominación
patriarcal y sus
prácticas de discriminación históricas, tan antiguas y
arraigadas en la
sociedad hasta hacerse “invisibles” y permear los distintos
aspectos de la vida
social. Se trata de una violencia en primer lugar sexista y
misógina, pero
también clasista, racista, ideológica, económica, política y
religiosa,
cometida contra las mujeres en cuanto mujeres dentro de un
sistema que apunta a
mantenerlas en una condición subalterna.
Las
acciones de los movimientos feministas y de mujeres del
continente a lo largo
de estos años han ido visibilizando la responsabilidad no sólo
social sino
también institucional de la violencia de género: ya que las
Instituciones
cubren “un rol esencial en la reproducción de la violencia
contra las mujeres,
sea no implementando políticas y campañas de sensibilización
adecuadas para
contrastarla, sea actuando ellas mismas unas políticas
discriminatorias que
apuntan a conservar el estatus quo de disparidad entre los
géneros”, como
evidenciado en una investigación de la abogada y feminista
Barbara Spinelli
sobre el tema [1].
Frente a
esta realidad, la articulación continental de los movimientos
sociales
feministas y de mujeres ha jugado, sobre todo en los últimos
quince años, un
rol clave para presionar los gobiernos a tomar medidas que
apunten a garantizar
los derechos humanos de las mujeres. En particular, a partir de
procesos reales
de denuncia social, junto también al compromiso institucional de
mujeres del
mundo académico y político, se ha logrado posicionar en las
agendas
legislativas de casi todos los países latinoamericanos el
reconocimiento del
crimen de femicidio (o inclusive de feminicidio, término más
complejo que
evidencia la responsabilidad de las instituciones y que se
cataloga como
“crimen de Estado”). El hecho de nombrar el
femicidio/feminicidio ha permitido
empezar a conocer las dimensiones reales de este grave problema,
cuyas cifras
son muy altas en toda Latinoamérica [2], para
así generar acciones
hacia un cambio social, cultural, legislativo, político.
Los
derechos de las mujeres en la Revolución Bolivariana
En el
marco de la Revolución Bolivariana, el gobierno venezolano se ha
comprometido
con los derechos de las mujeres, impulsando “políticas públicas,
acciones
legislativas, decisiones judiciales y múltiples medidas
positivas para
favorecer la superación de las formas de discriminación,
desigualdades e
iniquidades de género aún presentes en la sociedad venezolana “,
como analizado
en el informe [3] que la
Red de Colectivos La Araña Feminista ha presentado a inicio de
este año como
contribución al Examen Periódico Universal (EPU) de la República
Bolivariana de
Venezuela.
El
informe presentado por La Araña Feminista analiza avances y
retos con respecto
a los derechos humanos de las mujeres en el país, formulando
recomendaciones
específicas por cada tema en el cual aún falte ahondar para que
éstos sean
efectivos, garantizando “una mayor eficiencia en la ejecución de
políticas
públicas” e impulsando también “nuevas acciones en temas no
abordados”. Si bien
hay consideraciones específicas sobre la violencia de género, es
necesario
reconocer que ésta se caracteriza por violar los derechos
humanos de las
mujeres en general, y por eso hay que considerarla en todos sus
aspectos.
Se habla
entonces del derecho a decidir sobre el propio cuerpo y la
interrupción
voluntaria del embarazo, (tema de salud pública que representa
una deuda de la
Revolución Bolivariana hacia los derechos de las mujeres); de
derechos sexuales
y reproductivos (el problema del embarazo adolescente, la
mortalidad materna y
la violencia obstétrica); del derecho a una vida libre de
violencia (han habido
avances legales y se han creado tribunales y dependencias
fiscales específicos
para los casos de violencia de género, pero siguen habiendo
patrones de
conductas machistas en quienes administran la justicia); de los
derechos a la
participación política de las mujeres (masiva en el territorio y
en las
organizaciones sectoriales, pero aún muy inferior en las
instancias de poder
con capacidad de toma de decisiones); del derecho a una
educación libre de
prejuicios de género y estereotipos sexistas; del derecho al
trabajo, las
políticas de cuidado y crianza y el ejercicio de la
corresponsabilidad;
incluyendo unas recomendaciones sobre prostitución, trata y
tráfico de personas
con fines sexuales.
Guerra
contra la Revolución, guerra contra las mujeres
En el
contexto que actualmente vive la Revolución Bolivariana,
caracterizado por
ataques mediáticos, económicos y políticos por parte del capital
transnacional
y de las derechas nacionales y continentales, sin duda las
mujeres constituyen
un objetivo clave debido a su elevada participación política en
los
territorios. En este sentido, la guerra económica se ha nutrido
de las
desigualdades de género presentes en la sociedad venezolana:
siendo las mujeres
las encargadas culturalmente del cuidado de las hijas y los
hijos, de las
personas mayores y del hogar, han sido las principales
afectadas, teniendo que
dedicar mayores energías y tiempo para hacer frente a la
desaparición de los
productos de la cesta básica, de los pañales desechables, de los
medicamentos.
Pero la
guerra no se ha detenido en ese ámbito, atacando directamente a
las mujeres
chavistas de organizaciones de base o en cargos de gobierno.
Amenazas,
violaciones, mensajes ofensivos, hasta llegar al femicidio de
mujeres activas
políticamente en sus comunidades: ésta es la situación
denunciada por Alejandra
Laprea, del Colectivo feminista Tinta Violeta. “Ellas están
haciendo
irreversible nuestra revolución en lo más profundo del alma del
pueblo, en
nuestras comunidades. Son ellas y mujeres como ellas las que
movilizan las
bases, las que convierten en pueblo consciente a la “masa”, las
que hacen
posible la organización popular y la ejecución de políticas
públicas como los
consejos comunales o los CLAP. Ellas están envalentonando a la
gente. Porque,
si esa señora de más de 40 años, ex ama de casa, que quizá
recientemente sacó
el bachillerato en la misión Ribas, sale a la calle a tomar la
palabra ¿quién
no lo va a hacer? ¿quién no va a luchar por sus derechos, si
ellas son las
primeras en las filas de la revolución?... y eso las hace muy
peligrosas y por
eso las matan”, explica Alejandra Laprea.
“A las
mujeres se nos cobra caro el tomar la palabra en público, el que
metamos
nuestra cuchara en la organización de nuestra sociedad y en las
decisiones y
acciones que esto implica. Se nos cobra como a cualquier otro
revolucionario
pero, también nos pasa factura el patriarcado. Esa factura del
patriarcado a
veces viene expresada en abuso o acoso sexual, a veces a través
de amenazas a
nuestras hijas o hijos, a veces se expresa poniendo en tela de
juicio social
que cumplamos en la familia, como madres e incluso se cuestiona
lo que hemos
construido como “ser mujer”. Todas estas acciones tienen como
fin coartar la
participación política de las mujeres que en el caso de la
revolución significa
coartar la participación de aproximadamente el 80% de las
voceras de los
consejos comunales, desarticular CLAPS, Comunas, entre otras
organizaciones del
poder popular que hemos creado y puesto a funcionar como el
Nuevo Estado Revolucionario”,
afirma Alejandra Laprea.
El
necesario cambio cultural
La
violencia machista sin embargo no es prerrogativa solamente de
las derechas: en
el seno de las mismas organizaciones e instituciones
revolucionarias permanecen
prácticas y actitudes patriarcales, que hacen necesaria una
revisión constante
y atenta para poderlas desenmascarar y enfrentar. Y si por un
lado los
dirigentes de los partidos políticos de la derecha están
continuamente
denigrando a las mujeres chavistas, algunos dirigentes de la
revolución también
han reproducido actitudes parecidas, como reclama en un reciente
artículo muy
crítico la periodista Indira Carpio.
“Una de
las campañas sucias de la política venezolana en la actualidad
consiste en
(burlarse y) adivinar la paternidad de un supuesto embarazo de
Lilian Tintori,
la esposa del líder opositor preso Leopoldo López. Y si acaso
todavía más
retrogrado, condenarla porque abortaría” escribe Indira Carpio,
“esto, como si no
fuera suficiente el prontuario de López para mantenerlo tras las
rejas”. Afirma
Indira Carpio: “Si el machismo criollo tiene que hacer mierda
los principios de
la ideología que dicen practicar (el socialismo del siglo XXI)
para mantenerse
en el poder, se llevan por delante mujer, principios, y la
ideología misma,
entonces los infieles son sus militantes [4]”.
Alejandra
Laprea, del Colectivo Tinta Violeta, también pone en evidencia
el sustrato
cultural machista que permea las organizaciones revolucionarias,
y el necesario
cambio cultural que hay que impulsar: “no es para que nos
horroricemos o
neguemos estas cosas, es para que tomemos consciencia que el
patriarcado, al
igual que los otros monstruos que reproducen el capitalismo, es
decir el
colonialismo y el racismo están sembrados desde hace más de 500
años en
Nuestramérica y en cada una de nosotras y nosotros y que nuestro
deber
revolucionario es revisarnos todas y todos y ver como los
arrancamos de
nuestra sociedad, de nuestras prácticas políticas y culturales.”
Por su parte,
durante el Congreso Venezolano de Mujeres del año pasado, el
Gobierno
Bolivariano afirmó su disposición a enfrentar todos los temas de
género, sin
tabúes.
Notas
[1] Barbara
Spinelli,
Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico
internazionale, Ed. Franco Angeli, Milano (2008)
[2] Según
datos de la
Organización de Naciones Unidas (ONU), se registra un incremento
de las cifras
de violencia de género y femicidio/feminicidio en la región: en
este caso
también hay que precisar que eso se debe también a un mayor
reconocimiento
legal de los hechos de violencia de género, anteriormente no
reconocidos como
tales. Sin embargo, mientras la aplicación de la justicia a los
culpables siga
limitada, la violencia se sigue perpetrando: actualmente, según
la ONU, existe
un 98% de impunidad.
[3] Para
el informe completo,
ver http://encuentrofeminista.
Fuente: ALBA TV
http://www.albatv.org/La-
